El independentismo catalán puede alardear de haber sido la principal fuerza destructora de la economía catalana que, desde la aparición del fenómeno como actor político, ha generado daños irreparables en aquella autonomía. El años 2018 ha exteriorizado el despiste y la falta de orientación del independentismo que no tenía "hoja de ruta" para el día después al 1-O. La deriva separatista ha generado tres crisis: la política (al no reconocer el fracaso de la intentona), el judicial (al no haber previsto las consecuencias de una situación de rebelión abierta) y, finalmente, la crisis económica que se hubiera notado todavía más en Cataluña de no ser por haber coincidido con el período en el que los fondos de inversión han realizado compras masiva de viviendas en Barcelona para dedicarlas al turismo de botellón.
Tras la tocata y fuga de Puigdemont 2.500 empresas abandonaron Cataluña en 2018 y otras 2.145 lo han hecho a lo largo del año que termina. Cuando se inició la fuga en 2017, la generalitat anunció que las empresas "olverían". Hoy puede temerse que la sangría continúe mientras no se restablezca la normalidad en Cataluña. Pero, a la fuga de empresas, se ha sumado otro más discreto y menos ruidoso: 31.000 millones de euros en depósitos bancarios entonaron el "adeu siau" y desertaron de una Cataluña en la que la inseguridad y la inestabilidad (y no solamente por la presencia independentista, sino por la ambigüedad del socialismo y por la actitud excéntrica de la galaxia Podemos) que se ha generado.
Cataluña ya no atrae ni a talentos, ni a capitales. La inversión extranjera se contrajo en 2017 un 60% y ha seguido cayendo en los meses de 2018. Incluso en el sector en el que se habían realizado la mayor parte de las inversiones -el turístico- se ha convertido en problemático: ni se crea empleo ni se crece la economía catalana. Todo lo contrario: se trata de la economía regional más endeudada de todo el Estado (con 78.000 millones de euros de déficit) y el bono emitido por la generalitat no ha superado la calificación de "bono basura".
Por el momento, la generalitat puede pagar el sueldo a sus funcionarios gracias a los fondos inyectados por el gobierno. Los tres o cuatro economistas pagados por la generalitat siguen magnificando en los medios de comunicación las virtudes de Cataluña y lo bien que va la economía de esta región, incluso las excelencias de la política económica del gobierno. Pero lo cierto es que, basta mirar a la calle para advertir la situación de deterioro de la economía, cierres constantes de tiendas, fugas discretas de empresas y llegada de un turismo de cada vez menor calidad y poder adquisitivo.
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