La última idea del ministerio del interior neo-zapateriano
es de traca: lo importante para Grande-Marlaska no es evitar que la droga se
siga extendiendo más y más, o detener los miles de hurtos cometidos por
delincuentes llegados de todo el planeta, ni siquiera evitar las riñas entre
bandas étnicas en discotecas y barrios, sino perseguir “los delitos de odio”.
Loable intención que pretende realizar creando una red de chivatos y
confidentes entre los taxistas, guardias jurados, porteros de garitos y
personal discotequero… Los “delitos de odio deben preocupar mucho a Marlaska
porque, según estimaciones del ministerio, se han incrementado un 11,6% en el
último año, desde luego bastante menos que los hurtos, que solamente en
Barcelona han crecido tres veces más. Una de las formas que más interés tiene
para el ministerio es evitar el “antigitanismo”.
El Plan, se articula en cuatro líneas de acción; 13
objetivos a alcanzar; 47 medidas; y supone la realización de tres nuevos
documentos y la revisión de otro más, así como la edición bimestral de un
Boletín de información, cuenta con una financiación de 472.500 euros para este
año. La inclusión de los llamados "testigos prioritarios", una suerte
de red de "confidentes", pretende ampliar las posibilidades de
detección de este tipo de delitos en los lugares en los que pueden producirse,
ya que se ha detectado que hay muchos casos que no se denuncian. "Para que
puedan aportar datos e informaciones relevantes sobre los espacios, situaciones
y franjas horarias en las que determinados colectivos pueden verse especialmente
inseguros o en situaciones de riesgo", recoge el texto, que apunta al
tercer trimestre de 2019 para que esta medida sea efectiva.
"Son experiencias que hemos vistos que funcionan de
manera exitosa en otros países, como Reino Unido, en los grupos de trabajo
sobre racismo y xenofobia que se reúnen periódicamente a nivel europeo, y a los
que asisten policías y miembros de ONG de distintos estados miembros",
explica Jaime Cereceda, responsable de atención a víctimas del Gabinete de
Coordinación y Estudios. Es una forma de privatizar a las fuerzas policiales
porque, insiste, "ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no
pueden estar en todas partes". En Interior pretenden que este tipo de
iniciativa sirva para contrarrestar lo que se conoce como
"infradenuncia", es decir, los muchos casos de esta tipología
delictiva que quedan sin denunciar, según estudios y encuestas realizados por
el ministerio.
Sin embargo, el problema es que el “delito de odio” es
relativo y resulta muy difícil saber qué puede ser considerado como tal y que
pertenece a cualquier otra forma delictiva. Por otra parte, si bien están
claros los “delitos de odio” en los que alguien ofende a los miembros de
cualquier minoría étnica o sexual, no están tan claro lo que ocurre si la
ofensa se produce en sentido contrario y las medidas que ha habilitado el
ministerio son de una ingenuidad rayana en la fatuidad. Si hasta ahora la lucha
contra la “violencia doméstica” ha fracasado al negarse a reconocer la ley el
origen de la mayoría de delitos de este tipo, tampoco parece que todo lo
relativo a los “delitos de odio” sea muy diferente: una web, una oficina
especializada, un teléfono de alerta, habilitar un presupuesto, publicidad…
todo desembolsos con resultados que, como en el caso de la violencia doméstica,
serán igualmente problemáticos.
Según ha detallado Marlaska, los delitos que más se han
incrementado son los relacionados con las creencias religiosas (un 119%), por
motivos de ideología (un 72%), y racistas y xenófobos (un 26%). Pero, hasta
ahora, cuando se habla de “delitos contra creencias religiosas”, no parece que
se refieran al catolicismo, sino más bien a delitos contra el Islam o de otra
forma no puede entenderse como diariamente se producen ofensas contra los
católicos sin que se presentes denuncias.
Para colmo, las medidas se verán “reforzadas” por
Instituciones Penitenciarias que ha puesto en marcha un programa de
intervención en el que tiene un papel fundamental la “justicia restaurativa”,
para evitar la reincidencia en estos delitos. Es decir, mayor inversión.
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