Uno de los aspectos de los que menos se está hablando en el debate sobre los presupuestos generales del Estado para 2019 es el aumento de un 30% de la dotación presupuestaria para inmigración y la concesión, por primera vez, de 30 millones de euros para los “menores ilegales”, MENAs. Lo que confirma una vez más que España es la única puerta abierta que queda para la introducción de más inmigración ilegal en Europa y que si Sánchez se mantiene en el poder apoyado por los partidos del stablishment europeo es precisamente para mantenerla abierta y generar un nuevo “efecto llamada”.
En efecto, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 incorpora una dotación de 412 millones de euros para acciones en favor de los inmigrantes, lo que supone un incremento de 94 millones respecto a 2018, es decir, un 30 por ciento más respecto al ejercicio anterior. Además, se recoge por primera vez una partida específica “para la atención de los menores extranjeros no acompañados” (MENA) que asciende a 30 millones de euros…
Hay que recordar que estos gastos no tienen nada que ver y son independientes de los que genera la inmigración y los MENA en los presupuestos de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de las ONGs que se preocupan, de cerca o de lejos, de estos temas, sin olvidar, partidas presupuestarias (como justicia, prisiones, policía, seguridad, subsidios de vivienda, libros, familia, etc.) que tienen una estrecha relación con los efectos más perversos de la inmigración masiva. La suma de todas estas cifras, que hubiera podido destinarse perfectamente a pensiones, ya que no es mano de obra lo que se necesita en estos momentos en España, puede dar lugar a una cifra de entre 2.000 y 5.000 millones de gasto público… lo que confirma, una vez más, que la inmigración es un “mal negocio” y que genera muchos más costes y problemas de los que resuelve.
El gobierno ha justificado el incremento presupuestario alegando que se produce para potenciar el sistema de Protección Internacional -con un incremento de 67 millones de euros con respecto a 2018- y para atender a inmigrantes que lleguen a las costas españolas o formen parte de asentamientos -se destinan 27 millones de euros más que en 2018-. Así mismo, se mantienen con el mismo presupuesto que el año anterior las dotaciones para financiar el Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, de acuerdo con la Decisión del Consejo Europeo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE (JAI), con especial atención a las familias con hijos menores por ser especialmente vulnerables: 229 millones de euros.
Lo sorprendente es que el gobierno se vanagloria de estas cifras y las considere necesarias para "dar respuesta al importante incremento de las solicitudes de asilo presentadas en España y la intensidad de la presión migratoria sobre las costas españolas"…
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