> ¿POR QUÉ LA GENCAT PROHIBIÓ UNA MANIFESTACIÓN DE APOYO AL CASTELLANO? AHORA LO INVESTIGA LA FISCALIA…

La Fiscalía está investigando la denuncia de la la asociación Hablamos Español contra el consejero de Interior catalán, Miquel Buch, diputados de Junts per Catalunya, el fundador de Terra Lliure, Frederic Bentanachs, y tres miembros de los Mossos d'Esquadra. La asociación presentó la querella en septiembre de 2018, después de tener que desistir de celebrar una manifestación que habían convocado en Barcelona, y para la que tenían permiso, porque miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) ocuparon el espacio donde éstos iban a celebrar la concentración contra la imposición lingüística.

La asociación presidida por Gloria Lago denunció ante el juzgado de instrucción número 34 de Barcelona que "a  pesar de que el domingo 16 de septiembre la manifestación bajo el lema Contra la imposición lingüística y el adoctrinamiento: Libertad, contaba con todos los permisos, un cordón de los Mossos cortó el paso a los manifestantes y bloqueó la Vía Layetana y las calles adyacentes, impidiendo así que la manifestación llegara a la Plaza de San Jaime y que pudiera  leerse el manifiesto, mientras que, por el contrario, se consintió que esta fuera ocupada por grupos independentistas en la llamada Acampada per la Llibertat,  quienes, además, utilizaron el escenario alquilado por la Asociación  Hablamos Español  para gritar sus propias soflamas y que se acercaron a la zona donde los Mossos habían cortado el paso a los manifestantes, para increpar e insultar desde el otro lado del cordón policial a los defensores de la Libertad de Elección de Lengua".

La fiscalía considera que  los hechos investigados podrían ser constitutivos de delito y de ahí que se muestre a favor de que sean investigado lo que hay de cierto en la denuncia presentada por delitos de desórdenes públicos, delito de odio, constitución de grupo criminal a través de la denominada Acampada per la Llibertat, perturbación grave del desarrollo de una reunión o manifestación legalmente convocada, reunión ilícita y coacciones en su modalidad de impedir el ejercicio de un derecho fundamental. En lo que se refiere al “conseller” Miquel Buch y a su director de Administración de Seguridad de Interior, Jordi Jardi, pudieron incurrir en delito de prevaricación y omisión del deber que se extiende también a los agentes de los mozos de escuadra responsables del despliegue del servicio de seguridad autonómico entre Vía Layetana y la Plaza del Ángel de Barcelona.